La Fiscalía Regional de O'Higgins y el OS9 de Carabineros revelaron este lunes nuevos avances en la investigación del millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua. Las diligencias, efectuadas el pasado viernes, permitieron la recuperación de más de $228 millones, según confirmó el fiscal regional Aquiles Cubillos. Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado incautar una pequeña fracción de los $12.000 millones robados el 16 de agosto, pero el fiscal Cubillos indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el destino del resto del dinero. Por tanto, seguimos trabajando en distintas aristas para encontrarlo, y dentro de esas no descartamos que obviamente pueda haber salido fuera del país , afirmó. Por su parte, el coronel Mauro Pino, jefe del departamento OS9 de Carabineros, informó que se está investigando la ruta del dinero y los posibles métodos de lavado para introducirlo en la economía formal.Continúan las diligencias investigativas en base a poder detener al máximo de los integrantes de este grupo criminal, y también poder seguir incautando el dinero en los diferentes allanamientos que se van a ir planificando , sostuvo. El pasado domingo, tres personas fueron formalizadas por su participación en el delito: dos mujeres y un hombre. Además de los cargos de robo con intimidación y asociación criminal, enfrentan acusaciones por incendio y receptación de vehículos. Durante los allanamientos, las autoridades encontraron $27 millones en el entretecho de una botillería y $188 millones escondidos en un restaurante. Con estas detenciones, el número de imputados por el caso asciende a 23.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
La Corte de Apelaciones de Talca ha acogido la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo Escobar, en relación con el diputado Juan Francisco Pulgar Castillo. La audiencia para la vista de la causa se llevará a cabo el martes 10 de septiembre de 2024, a las 13:00 horas, ante el Tribunal Pleno. Pulgar enfrenta una investigación del Ministerio Público tras una denuncia presentada en mayo de 2021 por delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de una niña. La defensa del diputado había solicitado el sobreseimiento de la causa, pero sus recursos fueron rechazados tanto en el Juzgado de Garantía de Talca como en el tribunal de alzada maulino. El desafuero es una diligencia crucial que permitirá la formalización de Pulgar, ya que elimina la protección de inmunidad que tienen los parlamentarios. Esto posibilita que se le acuse penalmente, se le someta a medidas cautelares como la prisión preventiva y, en última instancia, se le condene a una pena. Si se lleva a cabo el desafuero, la Fiscalía del Maule podrá formalizar a Pulgar como autor de los delitos reiterados de violación de persona mayor de 14 años y solicitar medidas cautelares correspondientes. Pulgar, quien dejó el Partido de la Gente para asociarse como independiente a la bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, también fue candidato independiente a gobernador en 2021 y actualmente representa al distrito 17. Su nombre se mencionó como posible candidato senatorial para el próximo año en la región.
El lunes por la tarde, el Ministerio Público confirmó que los restos óseos hallados el 7 de junio en un domicilio de Villa Alemana pertenecen a Elena Hinojosa (55) y su hijo Eduardo Páez (27). Ambos fueron asesinados en 1996 por Hugo Bustamante, conocido como “el asesino del tambor” . La confirmación fue proporcionada por el fiscal jefe de la comuna, Osvaldo Basso, quien explicó que se recibieron los resultados de las pericias de ADN solicitadas al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, específicamente a la sección de Derechos Humanos. “Estamos en condiciones de señalar que los restos encontrados corresponden a las víctimas que presumíamos” , afirmó Basso. Esta revelación se basa en una confesión realizada por Bustamante durante una entrevista con la periodista Ivonne Toro en junio pasado, en el contexto del libro “La niña Ámbar”. Bustamante, actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Rancagua por violación y homicidio de la adolescente Ámbar Cornejo, había entregado una carta con la confesión sobre el asesinato de Hinojosa y Páez. En respuesta a esta información, la Fiscalía ordenó a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI llevar a cabo las investigaciones correspondientes, que resultaron en el hallazgo de los restos humanos en el mencionado domicilio.
Este viernes por la tarde, el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para los dos últimos detenidos en el violento y millonario robo a una sucursal de Brinks en la ciudad, ocurrido el pasado 23 de agosto. Los imputados son un padre y su hijo, quienes, según la Fiscalía, desempeñaron roles cruciales en el delito. De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos facilitaron un sitio para el cambio de vehículos en los que se transportaban los más de 12 mil millones de pesos robados y participaron en la eliminación de pruebas. La jueza Jessica Bascuñán detalló durante la audiencia que ambos reconocieron su participación en la recepción y ocultación del vehículo que trasladaba el dinero, así como en la destrucción de evidencias. La jueza Bascuñán argumentó que, debido a la gravedad de los delitos y la pena asignada por la ley, la prisión preventiva es una medida proporcional y justificada para estos imputados. La medida se aplica por considerar el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.
La Fiscalía Regional de O'Higgins y el OS9 de Carabineros revelaron este lunes nuevos avances en la investigación del millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua. Las diligencias, efectuadas el pasado viernes, permitieron la recuperación de más de $228 millones, según confirmó el fiscal regional Aquiles Cubillos. Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado incautar una pequeña fracción de los $12.000 millones robados el 16 de agosto, pero el fiscal Cubillos indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el destino del resto del dinero. Por tanto, seguimos trabajando en distintas aristas para encontrarlo, y dentro de esas no descartamos que obviamente pueda haber salido fuera del país , afirmó. Por su parte, el coronel Mauro Pino, jefe del departamento OS9 de Carabineros, informó que se está investigando la ruta del dinero y los posibles métodos de lavado para introducirlo en la economía formal.Continúan las diligencias investigativas en base a poder detener al máximo de los integrantes de este grupo criminal, y también poder seguir incautando el dinero en los diferentes allanamientos que se van a ir planificando , sostuvo. El pasado domingo, tres personas fueron formalizadas por su participación en el delito: dos mujeres y un hombre. Además de los cargos de robo con intimidación y asociación criminal, enfrentan acusaciones por incendio y receptación de vehículos. Durante los allanamientos, las autoridades encontraron $27 millones en el entretecho de una botillería y $188 millones escondidos en un restaurante. Con estas detenciones, el número de imputados por el caso asciende a 23.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes. En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupció n con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos. Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo. El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programaAlimentos para Chile para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488. La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización. La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
La Corte de Apelaciones de Talca ha acogido la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo Escobar, en relación con el diputado Juan Francisco Pulgar Castillo. La audiencia para la vista de la causa se llevará a cabo el martes 10 de septiembre de 2024, a las 13:00 horas, ante el Tribunal Pleno. Pulgar enfrenta una investigación del Ministerio Público tras una denuncia presentada en mayo de 2021 por delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de una niña. La defensa del diputado había solicitado el sobreseimiento de la causa, pero sus recursos fueron rechazados tanto en el Juzgado de Garantía de Talca como en el tribunal de alzada maulino. El desafuero es una diligencia crucial que permitirá la formalización de Pulgar, ya que elimina la protección de inmunidad que tienen los parlamentarios. Esto posibilita que se le acuse penalmente, se le someta a medidas cautelares como la prisión preventiva y, en última instancia, se le condene a una pena. Si se lleva a cabo el desafuero, la Fiscalía del Maule podrá formalizar a Pulgar como autor de los delitos reiterados de violación de persona mayor de 14 años y solicitar medidas cautelares correspondientes. Pulgar, quien dejó el Partido de la Gente para asociarse como independiente a la bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, también fue candidato independiente a gobernador en 2021 y actualmente representa al distrito 17. Su nombre se mencionó como posible candidato senatorial para el próximo año en la región.
El lunes por la tarde, el Ministerio Público confirmó que los restos óseos hallados el 7 de junio en un domicilio de Villa Alemana pertenecen a Elena Hinojosa (55) y su hijo Eduardo Páez (27). Ambos fueron asesinados en 1996 por Hugo Bustamante, conocido como “el asesino del tambor” . La confirmación fue proporcionada por el fiscal jefe de la comuna, Osvaldo Basso, quien explicó que se recibieron los resultados de las pericias de ADN solicitadas al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, específicamente a la sección de Derechos Humanos. “Estamos en condiciones de señalar que los restos encontrados corresponden a las víctimas que presumíamos” , afirmó Basso. Esta revelación se basa en una confesión realizada por Bustamante durante una entrevista con la periodista Ivonne Toro en junio pasado, en el contexto del libro “La niña Ámbar”. Bustamante, actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Rancagua por violación y homicidio de la adolescente Ámbar Cornejo, había entregado una carta con la confesión sobre el asesinato de Hinojosa y Páez. En respuesta a esta información, la Fiscalía ordenó a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI llevar a cabo las investigaciones correspondientes, que resultaron en el hallazgo de los restos humanos en el mencionado domicilio.
Este viernes por la tarde, el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para los dos últimos detenidos en el violento y millonario robo a una sucursal de Brinks en la ciudad, ocurrido el pasado 23 de agosto. Los imputados son un padre y su hijo, quienes, según la Fiscalía, desempeñaron roles cruciales en el delito. De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos facilitaron un sitio para el cambio de vehículos en los que se transportaban los más de 12 mil millones de pesos robados y participaron en la eliminación de pruebas. La jueza Jessica Bascuñán detalló durante la audiencia que ambos reconocieron su participación en la recepción y ocultación del vehículo que trasladaba el dinero, así como en la destrucción de evidencias. La jueza Bascuñán argumentó que, debido a la gravedad de los delitos y la pena asignada por la ley, la prisión preventiva es una medida proporcional y justificada para estos imputados. La medida se aplica por considerar el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.
