El ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció la necesidad de revisar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, en medio de una creciente polémica que involucra a Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Un reciente reportaje de Ciper reveló que Migueles habría ofrecido al fiscal Carlos Palma un cargo en la Fiscalía Centro Norte y un magíster, a cambio de su apoyo a otro candidato en el proceso para fiscal nacional. Este escándalo ha generado una intensa discusión sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial. En una entrevista con CNN Chile, Cordero enfatizó la importancia de investigar penalmente cualquier comportamiento impropio o posible acto de corrupción que involucre a funcionarios públicos. Desde el punto de vista institucional, no solo uno tiene que despejar las incógnitas penales, sino que también aquellas que están vinculadas al funcionamiento de las instituciones, porque no solo tiene que ejercer de modo independiente, sino que la apariencia pública tiene que garantizar la independencia , afirmó. Cordero también cuestionó los comentarios de la ministra Vivanco, quien planea comunicarse directamente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reclamar por la filtración de información desde el Ministerio Público a los medios. Cualquier ciudadano puede presentar esa reclamación por escrito. Otra cosa distinta que se manifieste una llamada telefónica y yo creo que esa expresión probablemente no contribuye precisamente a una discusión de igualdad de trato, que es la que yo creo que se está planteando en la actualidad producto estos casos, advirtió el ministro. Además, Cordero insistió en la necesidad de utilizar los mecanismos institucionales previstos por la ley para este tipo de reclamaciones. Una persona que considera que ha existido un comportamiento impropio de un fiscal puede hacer esa reclamación al fiscal nacional, pero otra cosa distinta es manifestar que se va a realizar telefónicamente , explicó. El ministro también respaldó un cambio en el sistema de nombramientos de ministros de Corte, mencionando la importancia de modificar la conformación de ternas o quinas y agilizar los procedimientos. Las tres cosas son conceptualmente distintas, pero tienen un elemento en común: hay comunicaciones que son impropias , señaló. Desde 2015, la Corte Suprema ha reconocido la necesidad de modificar el sistema de nombramientos, según Cordero. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que sucede es que la Suprema tiene bastante escrutinio , indicó. Finalmente, Cordero concluyó que el problema no reside en el Senado, sino en las prácticas de comunicaciones impropias para promover ciertos candidatos o mecanismos. Hay un amplio acuerdo en que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado para asegurar la transparencia y la independencia del Poder Judicial , finalizó el ministro.
En una entrevista concedida a Radio Duna esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para impedir que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda al registro de la mensajería de WhatsApp del teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla. Cordero destacó que el Ministerio Público está realizando esa indagación y entiende muy bien que es el teléfono del abogado, que por lo tanto pueden existir comunicaciones sujetas a secreto profesional, pero también es cierto que el secreto profesional no cubre los delitos. El abogado Luis Hermosilla se encuentra bajo investigación por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de soborno en una investigación calificada como secreta por el Ministerio Público. Esto luego de que se diera a conocer un audio en el que se mencionaban posibles sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero. En el transcurso de las pericias realizadas al teléfono del reconocido penalista, se descubrió que el exgeneral director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, había filtrado información a Hermosilla sobre diversas causas. Muñoz fue formalizado y quedó en prisión preventiva. De acuerdo con información proporcionada por La Tercera, las conversaciones entre Hermosilla y el exjefe de la PDI representan solo el 0,02% del contenido encontrado en los chats del abogado, que en total suman 777 mil páginas de conversaciones. En cuanto al recurso de protección interpuesto por Mario Varga s, el ministro Cordero expresó su desconcierto al señalar: Yo no logro entender muy bien , salvo una extremada prevención por parte del abogado que interpuso el recurso de protección y además incorporar un mecanismo de control judicial que el sistema legal no tiene en esta etapa. Cordero recordó que e l funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal supone que el Ministerio Público debe hacer copia de los antecedentes que pudiera existir en la carpeta de investigación al Consejo de Defensa del Estado, si hay antecedentes que puedan comprometer el patrimonio público o respecto de los cuales puedan existir delitos. No es una comunicación pura y simple . Fue algo que sucedió en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Es decir, cuando el Ministerio Público detecta que hay transferencia de información que está sujeta a secreto, el consejo accede a esa información que es la que permite sustentar la querella porque es un delito funcionario la violación de secreto. El titular de Justicia había manifestado anteriormente en una entrevista con radio Infinita que el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja Pandora. Ante la acción legal emprendida por Mario Vargas, el ministro Cordero manifestó su desconcierto al no comprender cuál es la amenaza en concreto que justifique el recurso de protección.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia. En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático. Respecto alcriterio Tohá, que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas. Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del criterio Tohá en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República. Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros , señalaron Asimismo, enfatizaron que utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente .
El ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció la necesidad de revisar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, en medio de una creciente polémica que involucra a Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Un reciente reportaje de Ciper reveló que Migueles habría ofrecido al fiscal Carlos Palma un cargo en la Fiscalía Centro Norte y un magíster, a cambio de su apoyo a otro candidato en el proceso para fiscal nacional. Este escándalo ha generado una intensa discusión sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial. En una entrevista con CNN Chile, Cordero enfatizó la importancia de investigar penalmente cualquier comportamiento impropio o posible acto de corrupción que involucre a funcionarios públicos. Desde el punto de vista institucional, no solo uno tiene que despejar las incógnitas penales, sino que también aquellas que están vinculadas al funcionamiento de las instituciones, porque no solo tiene que ejercer de modo independiente, sino que la apariencia pública tiene que garantizar la independencia , afirmó. Cordero también cuestionó los comentarios de la ministra Vivanco, quien planea comunicarse directamente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reclamar por la filtración de información desde el Ministerio Público a los medios. Cualquier ciudadano puede presentar esa reclamación por escrito. Otra cosa distinta que se manifieste una llamada telefónica y yo creo que esa expresión probablemente no contribuye precisamente a una discusión de igualdad de trato, que es la que yo creo que se está planteando en la actualidad producto estos casos, advirtió el ministro. Además, Cordero insistió en la necesidad de utilizar los mecanismos institucionales previstos por la ley para este tipo de reclamaciones. Una persona que considera que ha existido un comportamiento impropio de un fiscal puede hacer esa reclamación al fiscal nacional, pero otra cosa distinta es manifestar que se va a realizar telefónicamente , explicó. El ministro también respaldó un cambio en el sistema de nombramientos de ministros de Corte, mencionando la importancia de modificar la conformación de ternas o quinas y agilizar los procedimientos. Las tres cosas son conceptualmente distintas, pero tienen un elemento en común: hay comunicaciones que son impropias , señaló. Desde 2015, la Corte Suprema ha reconocido la necesidad de modificar el sistema de nombramientos, según Cordero. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que sucede es que la Suprema tiene bastante escrutinio , indicó. Finalmente, Cordero concluyó que el problema no reside en el Senado, sino en las prácticas de comunicaciones impropias para promover ciertos candidatos o mecanismos. Hay un amplio acuerdo en que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado para asegurar la transparencia y la independencia del Poder Judicial , finalizó el ministro.
En una entrevista concedida a Radio Duna esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para impedir que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda al registro de la mensajería de WhatsApp del teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla. Cordero destacó que el Ministerio Público está realizando esa indagación y entiende muy bien que es el teléfono del abogado, que por lo tanto pueden existir comunicaciones sujetas a secreto profesional, pero también es cierto que el secreto profesional no cubre los delitos. El abogado Luis Hermosilla se encuentra bajo investigación por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de soborno en una investigación calificada como secreta por el Ministerio Público. Esto luego de que se diera a conocer un audio en el que se mencionaban posibles sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero. En el transcurso de las pericias realizadas al teléfono del reconocido penalista, se descubrió que el exgeneral director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, había filtrado información a Hermosilla sobre diversas causas. Muñoz fue formalizado y quedó en prisión preventiva. De acuerdo con información proporcionada por La Tercera, las conversaciones entre Hermosilla y el exjefe de la PDI representan solo el 0,02% del contenido encontrado en los chats del abogado, que en total suman 777 mil páginas de conversaciones. En cuanto al recurso de protección interpuesto por Mario Varga s, el ministro Cordero expresó su desconcierto al señalar: Yo no logro entender muy bien , salvo una extremada prevención por parte del abogado que interpuso el recurso de protección y además incorporar un mecanismo de control judicial que el sistema legal no tiene en esta etapa. Cordero recordó que e l funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal supone que el Ministerio Público debe hacer copia de los antecedentes que pudiera existir en la carpeta de investigación al Consejo de Defensa del Estado, si hay antecedentes que puedan comprometer el patrimonio público o respecto de los cuales puedan existir delitos. No es una comunicación pura y simple . Fue algo que sucedió en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Es decir, cuando el Ministerio Público detecta que hay transferencia de información que está sujeta a secreto, el consejo accede a esa información que es la que permite sustentar la querella porque es un delito funcionario la violación de secreto. El titular de Justicia había manifestado anteriormente en una entrevista con radio Infinita que el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja Pandora. Ante la acción legal emprendida por Mario Vargas, el ministro Cordero manifestó su desconcierto al no comprender cuál es la amenaza en concreto que justifique el recurso de protección.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia. En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático. Respecto alcriterio Tohá, que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas. Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del criterio Tohá en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República. Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros , señalaron Asimismo, enfatizaron que utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente .
